Sentencia A. 863/26

REP�BLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

Sala Plena

 

 

AUTO 863 DE 2026

 

 

Referencia: expedientes CJU-7675, CJU-7695 y CJU-7725

 

Asunto: conflictos de jurisdicciones suscitados entre la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo y la jurisdicci�n ordinaria en su especialidad laboral

 

Magistrado Ponente: Jorge Enrique Ib��ez Najar

 

 

Bogot�, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintis�is (2026)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del art�culo 241 de la Constituci�n Pol�tica, profiere el siguiente

 

AUTO

 

I.����������� ANTECEDENTES

 

1.                 A continuaci�n, se presenta un resumen de los hechos que dieron origen a los conflictos de jurisdicci�n remitidos a la Corte Constitucional y asignados a este despacho, en ejercicio de la competencia prevista en el art�culo 241.11 de la Constituci�n Pol�tica. Los conflictos se suscitaron en el marco de demandas promovidas para obtener el reconocimiento, reliquidaci�n o reajuste de prestaciones pensionales a cargo de entidades p�blicas administradoras del sistema, particularmente Colpensiones y la UGPP. En el curso de dichos procesos surgieron controversias acerca de la jurisdicci�n competente, en atenci�n a la naturaleza del v�nculo laboral que ostentaban los demandantes al momento de causar la prestaci�n o durante su �ltima vinculaci�n laboral. En seguida, se sintetizan los hechos relevantes de cada uno de los expedientes de la referencia:

 

Resumen de antecedentes. Elaboraci�n propia.

 

2.                 El asunto de CJU-7675[14] fue remitido el 5 de mayo de 2026, el CJU-7695[15] fue remitido el 15 de mayo de 2026 y el CJU-7725[16] fue remitido el 28 de mayo de 2026 a la Corte Constitucional. Mediante sesi�n virtual del 2 de junio de 2026, los expedientes fueron repartidos al despacho encargado, y la remisi�n para su sustanciaci�n se realiz� al d�a siguiente.[17]

 

II. ���� CONSIDERACIONES

 

A.               Competencia para la acumulaci�n de procesos de conflictos de jurisdicci�n por presentar unidad de materia

 

3.                 De conformidad con lo previsto en el art�culo 241.11 de la Constituci�n Pol�tica, adicionado por el art�culo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, la Sala Plena de la Corte Constitucional est� facultada para dirimir los conflictos de competencia entre autoridades de distintas jurisdicciones. Asimismo, en aras de garantizar los principios de celeridad y el acceso a la administraci�n de justicia, es competente para disponer la acumulaci�n de los conflictos de jurisdicciones que presenten unidad de materia, en virtud de lo dispuesto en los art�culos 5 (literales a y f) y 48 del Acuerdo 01 de 2025, 5 del Decreto 2067 de 1991, 148 y 150 de Ley 1564 de 2012. Por esta raz�n, al verificar que los expedientes de la referencia presentan una problem�tica similar, esta Corporaci�n ha decidido acumularlos.

 

B.               Presupuestos para la configuraci�n de un conflicto de jurisdicciones. Reiteraci�n Auto 155 de 2019

 

4.                 Esta Corporaci�n ha se�alado que los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando �dos o m�s autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)�.[18] En Auto 155 de 2019, la Sala Plena precis� que se requieren tres presupuestos para que se configure un conflicto de competencia entre jurisdicciones, respectivamente: subjetivo, objetivo y normativo.[19] La Sala constata que en los expedientes CJU-7675, CJU-7695 y CJU-7725 se satisfacen los presupuestos para la configuraci�n de conflictos negativos de competencia entre jurisdicciones. En efecto, en cada asunto intervinieron dos autoridades judiciales de distintas jurisdicciones (ordinaria en su especialidad laboral y contencioso administrativa) que rechazaron el conocimiento de demandas pensionales en curso. Adem�s, cada autoridad sustent� su falta de competencia en normas procesales y sustanciales sobre la distribuci�n de competencias en materia laboral y de seguridad social, particularmente en los art�culos 2 del CPTSS y 104.4 y 105.4 del CPACA.[20]

 

C.               Competencia de la jurisdicci�n ordinaria laboral y de la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo en controversias sobre reconocimiento, reliquidaci�n o reajuste de prestaciones pensionales administradas por entidades p�blicas. Reiteraci�n y compilaci�n de reglas

 

5.                 La Corte Constitucional ha precisado que la competencia para conocer las controversias relacionadas con el reconocimiento, reliquidaci�n o reajuste de prestaciones pensionales depende, principalmente, de la naturaleza del v�nculo laboral que ostentaba el afiliado al momento de causar la prestaci�n o, cuando esta se consolida despu�s de terminado el v�nculo, de su �ltima vinculaci�n laboral. A partir de los art�culos 2 del CPTSS y 104.4 y 105.4 del CPACA, la jurisprudencia ha diferenciado entre los asuntos de seguridad social de empleados p�blicos, trabajadores oficiales, trabajadores privados e independientes.

 

6.                 En particular, ha se�alado que la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo conoce de las controversias relativas a la seguridad social de quienes, al momento de causar la prestaci�n o durante su �ltima vinculaci�n laboral, ten�an la calidad de empleados p�blicos, siempre que el r�gimen pensional aplicable sea administrado por una persona de derecho p�blico. Estos presupuestos son concurrentes: la sola intervenci�n de una entidad p�blica administradora, como Colpensiones o la UGPP, no basta para desplazar la competencia de la jurisdicci�n ordinaria laboral.

 

7.                 Por el contrario, la jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, conoce de las controversias pensionales promovidas por trabajadores oficiales, trabajadores privados o independientes, sin que resulte relevante que la prestaci�n sea administrada por una entidad p�blica. Asimismo, la jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es competente para conocer las controversias de seguridad social promovidas por empleados p�blicos cuando el r�gimen pensional cuya prestaci�n se reclama es administrado por una entidad de derecho privado. Esta regla comprende, entre otras, las reclamaciones orientadas al reconocimiento de pensiones de vejez o jubilaci�n, su reliquidaci�n, el reajuste de la tasa de reemplazo, el pago de mesadas adicionales y las diferencias econ�micas derivadas de tales prestaciones.

 

8.                 Estas reglas fueron inicialmente desarrolladas, entre otros, en los autos 314, 746, 874 y 1021 de 2021, y posteriormente reiteradas en decisiones relativas a casos espec�ficos, como en el Auto 434 de 2025. M�s recientemente, el Auto 333 de 2026 no cre� una regla aut�noma, sino que compil� y sistematiz� la jurisprudencia existente, al precisar que el an�lisis competencial exige: (i) identificar la naturaleza del v�nculo laboral del afiliado al momento de la causaci�n de la prestaci�n o, cuando esta es posterior a la �ltima cotizaci�n, es preciso tener en cuenta la naturaleza jur�dica de la prestaci�n de servicios respecto de la cual efectu� esta �ltima cotizaci�n ��y, posteriormente, (ii) aplicar las reglas previstas en los art�culos 2 del CPTSS[21] y 104.4 y 105.4 del CPACA.

 

D.               Caso concreto

 

9.                 En virtud de las consideraciones generales expuestas en esta providencia, la Corte determina que la competencia para conocer y resolver las demandas promovidas por la se�ora Beatriz Grajales Orrego contra la UGPP, por el se�or �ngel Germ�n G�ngora Hinestrosa contra la UGPP y Colpensiones, y por el se�or Juan Fernando Correa Agudelo contra Colpensiones, corresponde a la jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral.

 

10.             Esta conclusi�n se fundamenta en las reglas previstas en los art�culos 2 del CPTSS, as� como 104.4 y 105.4 del CPACA. Tales reglas, desarrolladas desde el Auto 314 de 2021 y compiladas posteriormente por la Sala Plena en el Auto 333 de 2026, establecen que la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo �nicamente conoce de controversias relativas a la seguridad social cuando concurren dos presupuestos: (i) que el demandante tuviera la calidad de empleado p�blico al momento de causarse la prestaci�n o, si esta se caus� despu�s de terminado el v�nculo, durante su �ltima vinculaci�n laboral; y (ii) que el r�gimen aplicable sea administrado por una persona de derecho p�blico. De manera que, cuando no se acrediten concurrentemente tales condiciones, la competencia corresponde a la jurisdicci�n ordinaria laboral.

 

11.             En el primer asunto (CJU-7675), la accionante promovi� demanda contra la UGPP con el prop�sito de obtener el reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio o mesada catorce, como beneficiaria de una pensi�n convencional reconocida con ocasi�n de sus servicios prestados al extinto IDEMA. De acuerdo con los elementos rese�ados en la demanda y en las actuaciones judiciales previas, la actora estuvo vinculada a esa entidad mediante contrato de trabajo y ostent� la calidad de trabajadora oficial. En particular, la liquidaci�n de prestaciones sociales aportada al proceso registra expresamente esa condici�n y la pensi�n convencional cuya mesada adicional reclama fue reconocida inicialmente por la jurisdicci�n ordinaria laboral.[22]

 

12.             Aunque la funci�n pensional del extinto IDEMA fue atribuida a la UGPP y el pago de las prestaciones se encuentra a cargo del FOPEP, tales circunstancias no modifican la naturaleza contractual de la �ltima vinculaci�n de la ciudadana. Por tanto, al tratarse de una controversia de seguridad social promovida por una trabajadora oficial, la competencia corresponde a la jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral, con independencia de que la entidad administradora del r�gimen sea de derecho p�blico.

 

13.             En el segundo asunto (CJU-7695), el accionante solicit� el reconocimiento y la reliquidaci�n de su pensi�n de jubilaci�n con fundamento en la Ley 33 de 1985, al considerar que consolid� su derecho el 21 de noviembre de 2002, cuando cumpli� 55 a�os de edad y contaba con los tiempos de servicio exigidos por esa normativa. El demandante sostuvo que prest� servicios en diversas entidades estatales y que, mediante sentencia del 15 de marzo de 2002, el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Pasto declar� la existencia de un contrato de trabajo con el extinto ISS, vigente entre el 2 de mayo de 1995 y el 30 de mayo de 2000. Ahora bien, seg�n la historia laboral y los actos administrativos pensionales allegados al proceso, al momento en que el actor cumpli� la edad requerida para acceder a la prestaci�n y durante sus �ltimas cotizaciones figuraba como trabajador independiente.[23]

 

14.             En consecuencia, aun cuando la reclamaci�n dirigida por el se�or G�ngora Hinestrosa contra entidades p�blicas y se fund� en una prestaci�n regulada por la Ley 33 de 1985, no se acredita que el actor tuviera la calidad de empleado p�blico al momento de causar el presunto derecho, ni durante el per�odo relevante para definir la jurisdicci�n. Por ello, el asunto encuadra en la regla aplicable a las controversias de seguridad social de trabajadores independientes, cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral, sin consideraci�n a la naturaleza p�blica de la entidad administradora.

 

15.             En el tercer asunto (CJU-7725), el se�or Juan Fernando Correa Agudelo promovi� demanda contra Colpensiones con el fin de obtener el reajuste de su pensi�n de vejez, al estimar que la entidad aplic� una tasa de reemplazo inferior a la que correspond�a por el total de semanas cotizadas. La discusi�n, por tanto, se circunscribe a la reliquidaci�n de una prestaci�n de seguridad social reconocida por Colpensiones, particularmente a la aplicaci�n del porcentaje previsto en el art�culo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art�culo 10 de la Ley 797 de 2003. En el expediente obra certificaci�n expedida por EPM, seg�n la cual el demandante labor� en dicha entidad entre el 29 de octubre de 1984 y el 28 de julio de 2023, en el cargo de Profesional C en Gesti�n Inmobiliaria, bajo un v�nculo expresamente calificado como de trabajador oficial.[24] Adem�s, la Resoluci�n SUB 250097 de 12 de septiembre de 2022, mediante la cual Colpensiones reconoci� la pensi�n de vejez, fue expedida cuando el actor a�n se encontraba vinculado a EPM.[25]

 

16.             As�, la prueba documental permite establecer que el se�or Correa Agudelo ostentaba la calidad de trabajador oficial en el per�odo relevante para definir la competencia. En consecuencia, la condici�n p�blica de Colpensiones como administradora de la prestaci�n no termina por desplazar el conocimiento del asunto a la jurisdicci�n de lo contencioso administrativo.

 

17.             En suma, ninguno de los tres asuntos satisface de manera concurrente los presupuestos previstos en el art�culo 104.4 del CPACA. La se�ora Grajales Orrego y el se�or De la Cruz Correa Agudelo acreditan, respectivamente, la condici�n de trabajadores oficiales; mientras que, respecto del se�or G�ngora Hinestrosa, los elementos que conforman el expediente indican que, al momento de la presunta causaci�n de la prestaci�n social, cotizaba como independiente. En tales condiciones, no resulta determinante que las prestaciones reclamadas se encuentren a cargo de entidades p�blicas administradoras del sistema pensional, como la UGPP, el FOPEP o Colpensiones. La calidad jur�dica del trabajador al momento de causar el derecho o durante su �ltima vinculaci�n laboral, cuando la causaci�n ocurre despu�s del retiro, constituye el criterio decisivo para definir la jurisdicci�n competente.

 

18.             Con fundamento en los anteriores criterios, la Sala Plena remitir� los expedientes CJU-7675 al Juzgado 047 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C., el CJU-7695 al Juzgado 010 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C., y el expediente CJU-7725 al Juzgado 005 Laboral de Peque�as Causas Laborales de Medell�n. Lo anterior, para lo de su competencia y para que comuniquen la presente decisi�n a los interesados.

 

19.             Regla de decisi�n. Reiteraci�n del Auto 1021 de 2021. �La jurisdicci�n ordinaria, en su especialidad laboral y de la seguridad social, es competente para conocer de las controversias relacionadas con la seguridad social de trabajadores oficiales, independientes o del sector privado, con independencia de que la entidad administradora sea de derecho p�blico o privado�.

 

 

III.��� DECISI�N

 

Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. ACUMULAR los conflictos de jurisdicciones identificados con los expedientes CJU-7675, 7695 y CJU-7725 por presentar unidad de materia.

 

Segundo. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 047 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C. y el Juzgado 052 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot� D.C., en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 047 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C. es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido por la se�ora Beatriz Grajales Orrego. En consecuencia, por medio de la Secretar�a General de esta Corporaci�n, REMITIR el expediente CJU-7675 al Juzgado 047 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C. para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisi�n a los interesados en estos tr�mites.

 

Tercero. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 010 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C. y el Juzgado 009 Administrativo del Circuito Judicial de Bogot� D.C., en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 010 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C., es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido por el se�or �ngel Germ�n G�ngora Hinestrosa. En consecuencia, por medio de la Secretar�a General de esta Corporaci�n, REMITIR el expediente CJU-7695 al Juzgado 010 Laboral del Circuito Judicial de Bogot� D.C., para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisi�n a los interesados en estos tr�mites.

 

Cuarto. DIRIMIR el conflicto negativo de jurisdicciones entre el Juzgado 005 Laboral de Peque�as Causas Laborales de Medell�n y el Juzgado 003 Administrativo del Circuito Judicial de Medell�n, en el sentido de DECLARAR que el Juzgado 005 Laboral de Peque�as Causas Laborales de Medell�n es la autoridad competente para conocer del proceso judicial promovido por el se�or Juan Fernando Correa Agudelo. En consecuencia, por medio de la Secretar�a General de esta Corporaci�n, REMITIR el expediente CJU-7725 al Juzgado 005 Laboral de Peque�as Causas Laborales de Medell�n para que adelante las actuaciones de su competencia y para que comunique la presente decisi�n a los interesados en estos tr�mites.

 

Notif�quese, comun�quese y c�mplase.

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Presidenta

 

 

NATALIA �NGEL CABO

Magistrada

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDO�O

Magistrado

 

 

JUAN CARLOS CORT�S GONZ�LEZ

Magistrado

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MART�NEZ

Magistrada

 

 

VLADIMIR FERN�NDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

JORGE ENRIQUE IB��EZ NAJAR

Magistrado

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

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